A callar y a pagar, que para eso es la universidad

Cuando los estudiantes franceses se adhieren a los sindicatos y demás organizaciones sociales y salen a pisar las baldosas de las calles de prácticamente todas las ciudades, los encabezados de la prensa conservadora son todos prevesibles. "Una vez más"; "la Francia bárbara"; "El gusto por el desorden"... Vamos, en los círculos de la derecha europea (y no se diga en América completa), las movilizaciones de los franceses son vistas frecuentemente como simples provocaciones de pequeños revoltosos aferrados a una cantidad enorme de beneficios sociales y asistencias públicas. Es, por supuesto, una crítica simplista y muy mal fundamentada, pero da pie a que la imagen se modifique y se aplaudan medidas en contra de los manifestantes. Poco importa si a las calles salen tres millones de franceses en un sólo día (varias veces he loado ese punto en este blog y lo hago una vez más) o si las grandes conquistas sociales galas, muchas de ellas centenarias, se mantienen en pie en medio de una época de austeridades, injustos recortes y pérfidos desvíos mercantiles.

No es de extrañar, entonces, que esa misma prensa liberal y de derecha haya puesto el grito en el cielo cuando los británicos, "siempre tan tranquilos, ordenados, pasivos y democráticos", se manifestaron contra el gobierno conservador-liberal de Cameroon y Clegg, ambos endosadores de una reforma completa al financiamiento de la educación superior en la Isla. Pero vámonos por partes.

Durante la campaña electoral previa a las elecciones de mayo en el Reino Unido, el partido conservador de David Cameroon anunció en repetidas ocasiones que la meta de su gobierno sería reajustar a la baja las finanzas del Estado, los gastos y los programas de bienestar social. Motivado por una ideología individualista y neoliberal (la herencia thatcheriana), el Partido Conservador coqueteó con la idea de "un Estado monstruo" que impide el buen desempeño de los individuos en una sociedad moderna. Un Estado freno. Nick Clegg, liberal-demócrata, por su parte, jugó muy precavido con sus cartas pues ignoraba todavía si su resultado electoral le permitiría formar coalición con los conservadores o los laboristas. Al principio, Clegg (un sujeto inteligentísimo, políglota y bastante moderno en términos de una mente liberal y progresista) sedució a los conservadores prometiéndoles apoyo en una serie de medidas fiscales y presupuestarias a cambio de una posición más suave del Reino Unido frente a la Unión Europea (no olvidemos el escepticismo clásico de los Tories respecto al "continente"). A Clegg, quien habrá que reconocerle lo demócrata pese a lo liberal, le disgustaba la idea de atacar de frente los presupuestos educativos, pero sabía que tendría que ceder en muchas cosas si quería mantener al gobierno en pie.

Clegg tiene una desventaja clave: si el gobierno hace bien las cosas y el pueblo lo aplaude, el mérito irá sobre todo para el Partido Conservador (por ser el hermano mayor en la alianza); en cambio, si las cosas salen mal, los partidarios de los Lib-Dem serán mucho más severos al criticarlo a él (a Clegg) y acusarlo de traición a sus promesas electorales. El dilema no es menor: gran parte del voto Lib-Dem de mayo provino de la juventud universitaria, demasiado enajenada para girar nuevamente a la izquierda, pero consciente y proactiva al grado de descartar la derecha como opción política.

Así las cosas, la reforma a los planes presupuestarios de la educación superior, que contempla, sobre todo, una triplicación de las colegiaturas anuales, pasa también con el apoyo de Clegg, aunque a regañadientes y con enorme disgusto de aquéllos que, dentro del Lib-Dem, son más demócratas que liberales. [Hay una cláusua de abstención para el voto parlamentario --lo que en el Reino Unido no es convencional-- que pudieron aplicar algunos Lib-Dems en esta elección en particular, pero no conozco la complejidad del asunto, así que no me meto]. El caso es que ahora las colegiaturas anuales pasarán de 3,300 libras esterlinas (unos 66,000 pesos al año, menos que las universidades más caras de nuestro país -UDLA, TEC, IBERO-, pero muchísimo dinero para el común de los mortales) a la exhorbitante cantidad de 9,000 pounds (180,000 pesitos, aprox). Claro que la propuesta incluye nuevos mecanismos para financiar a los estudiantes pobres, pero ninguno de ellos parece ser suficientemente claro como para aceptar esos nuevos costos. El partido laborista, en la oposición pero no por eso muy coherente, se debatió internamente respecto a una contrapropuesta que prefiriera cobrar un impuesto especial a los graduados que ya trabajan en vez de alzar las tarifas universitarias.

Las manifestaciones no se hicieron esperar. Miles de estudiantes salieron a las calles en repetidas ocasiones y exigieron un debate público del tema (aunque, en el fondo, querían --y con toda razón-- un rechazo total a la reforma). No fue el cinco de noviembre, pero hubo fuego cerca del Parlamento británico en un claro ejemplo de rabia y descontento. Sí, algunas protestas tornaron a la violencia y a la destrucción (muy mesurada, hay que aclarar); sí, algunos agitadores comunes aprovecharon el descontento para generar más caos. Pero eso es sólo una cortina de humo frente al problema per se: la educación, como queda claro en países como el nuestro, es en Europa cada vez más un lujo y menos un derecho (si es que alguna vez lo fue).

Y luego Italia. La cosa ahí es distinta porque hace ya muchos años que se especula desde el gobierno respecto a nuevas leyes para las universidades. Muchas medidas han pasado ya y sus efectos no son necesariamente buenos, pero han pasado a cuentagotas, por lo que el descontento tampoco había explotado del tal manera... hasta ahora. Esta semana las propuestas gubernamentales para reducir gasto a la educación superior (además, claro, de reajustes administrativos, como permitir que expertos no universitarios lleguen a las universidades y las adminsitren... como si por ventura fueran empresas) coincidieron con una crisis parlamentaria muy severa. Vámonos, otra vez, por partes.

El gobierno de Silvio Berlusconi, un derechista megalómano y dueño de una cantidad impresionante de medios de comunicación en Italia, está bajo fuego. No es para menos. Desde hace más de un año que la alianza hecha con el partido, digamos, neofascista de F. Fini, muestra resquebrajos importantes. Berlusconi no ha sido capaz de --o no ha querido-- hacer a Fini partícipe de una mayor integración política entre ambos grupos políticos. En el fondo, ambos son nacionalistas y de derecha (Fini viene del fascismo de los años setenta, aunque en el discurso ha intentado mostrar una cara centrista, y Berlusconi tiene lazos esenciales con la Lega Nord, el partido separatista y xenófobo del Norte industrial). Pero Fini ha logrado capitalizar ciertos descontentos dentro de la derecha para poner en tela de juicio los procedimientos comunes del gobierno de Berlusconi. La izquierda, ausente en estos días, no hace más que esperar que caiga uno de los dos para entonces rematar y remontar. Finalmente ayer, catorce de diciembre, en una sesión especial del Parlamento tuvo lugar un voto de confianza al gobierno de Berlusconi impulsado, sobre todo, por las huestes de Fini. El resultado fue el esperado: aunque por un márgen de sólo tres votos, el Parlamento votó por la continuidad del gobierno de Berlusconi.

Y ahí explotaron los ánimos. Más de cien mil personas, en su mayoría jóvenes universitarios igualmente afectados por las pretensiones de cambio y ajuste del gobierno, salieron a las calles a corear insignias y mostrar su profundo descontento con Roma. Ya fuera porque la gente tenía verdaderas esperanzas de que el gobierno colapsaría o porque su continuidad fue la gota que derramó el vaso, las manifestaciones crecieron espontáneamente y se extendieron por todo el centro de la ciudad. La cosa se puso violenta y más de cuarenta chav@s quedaron heridos. La policía fue brutal (y también algunos agitadores, como siempre), pero lo más significativo es que, entre todo, sí resaltó el tema de la educación universitaria. Los estudiantes sí salieron con la clara consigna de exigir un freno a las políticas de austeridad que tanto golpean a las universidades italianas desde hace tantos años y que este mes en particular se intensificaron.

Vale. Ya. Hay manifestaciones, golpes y descontento. Los gobiernos se ven en la necesidad de reprimir o de "poner orden" porque la ira de algunos jóvenes rebasa los estándares. Sí, las fotos son impresionantes y siempre provocan algo de adrenalina (estar ahí es todavía mejor). Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué es tan criticable la decisión de abalanzarse sobre los presupuestos universitarios así?

La respuesta no es sencilla, pero tiene que ver, sobre todo, con una concepción un tanto extendida en el mundo de que la educación universitaria, por sí misma, jamás dejará de ser una de élites y privilegiados, y que el Estado no tiene por qué servir a los privilegiados. El argumento es simplista, molesto y descorazonador. Pongamos las cosas en otro lente y discutamos.

Sí, la educación (y sobre todo la universitaria) es más un lujo que un derecho, por más que se hagan malabares retóricos al respecto. En términos generales, jamás ha habido más estudiantes universitarios que ahora; tampoco han disminuido radicalmente las proporciones de jóvenes que, respecto al total, avanzan a la universidad. En países como México y Brazil, ese porcentaje no cesa de aumentar (aunque a ritmos muy lentos, admitamos). En una visión economicista del "progreso" de las sociedades (entiéndanme, no me gusta mucho esa palabra), el número de universitarios no determina casi nada. De hecho, en sociedades industriales y hasta postindustriales no se "necesitan" muchos universitarios. ¿Qué pasaría si toda la población fuera universitaria? ¿Quiénes serían entonces obreros, campesinos o mecánicos si todos quieren ser médicos, abogados o doctores en filosofía? La pregunta está sesgada de inicio. No se trata de extender y obligar a la población a ir a la universidad. Jamás se generalizará al respecto: no por tener un diploma se es mejor para la vida. Hay que ser honestos al respecto y admitir que aquellos que estamos en la universidad seríamos incapaces de hacer muchas otras cosas que no requieren de esos títulos.

Pero eso no resuelve la cuestión. En países como Bélgica o los Países Bajos, la proporción de jóvenes que van a la universidad es menor incluso a la proporción mexicana. La gran diferencia, por supuesto, es que los esquemas de educación técnica son muchísimo más eficaces y gratificantes que los mexicanos. Eso refleja, sobre todo, un interés de Estado o, al menos, nacional, por que las diferentes actividades económicas de una nación industrial sean realizadas por profesionales. Así, los obreros y los técnicos ingenieriles sí tienen ese grado de educación preuniversitario o parauniveristario que en México tanta falta hace. Es una redistribución del conocimiento y la práctica que se combina (o se combinó en mejores tiempos) con esquemas de bienestar y justicia social que más o menos lograban repartir la riqueza, los frutos del trabajo y, por supuesto, los esfuerzos de éste. Decían, por ejemplo, que en Noruega un camionero ganaba ya tres cuartas partes de lo que ganaba un médico.

Pero que existan opciones de educación técnica para preparar a aquéllos que se dedicarán después, por necesidad o por elección al trabajo técnico (y que quede claro que, pese a lo que diga la doctrina liberal imperante, muchos de entre ellos lo hacen por necesidad y jamás por verdadera elección) no es imperativo que las universidades se conviertan en centros de reunión de élites y privilegiados. El Estado como tal es responsable de proveer TODAS las opciones con la misma CALIDAD y atención. Jamás podrá el Estado menospreciar la educación y trabajo técnico y subvaluarlo frente al universitario. Jamás deberá el Estado pensar que por tratarse de un nivel educativo más recurrente entre los ricos que entre los pobres, entonces el apoyo a las universidades deberá recortarse, "total que los ricos pueden pagarlas desde sus propios bolsillos".

No. El tema central de la solidaridad social organizada por el Estado es que es GLOBAL. Es universal, es para todos y para todos por igual. Las medidas de combate a las desigualdades en países pobres como el nuestro son focalizadas, especializadas y, por lo tanto, caen en ocasiones en la "discriminación positiva". El ideal de Estado de Bienestar es que los beneficios existan de igual manera para todos. Si así fuera, no debiera haber ninguna consideración respecto a quiénes son los que van a la universidad porque, sin importar su origen socio-económico, beneficiarían todos del mismo apoyo público. Ese apoyo público, una vez que existe, entonces puede ser (no, debe ser) complementado con más apoyo público para aquéllos que tienen menos recurosos. Pero ese no puede ser el punto de partida, simplemente porque si la universidad cuesta ahora 9,000 libras lo mismo deja fuera de las aulas al hijo del obrero que gana 15,000 libras al año que a la hija del profesor de preparatoria que quizá gane 27,000 al año.

El contraargumento, sobre todo el que existe desde siempre en los EU, es que la educación universitaria, si bien cara, puede ser financiada como parte de un proyecto de vida. No es broma: los estadunidenses muchas veces sí ahorran durante dieciocho años para que sus hijos asistan a la universidad. Sin duda es posible para las familias de clase media y para las de media baja que reciben ciertas becas. Pero no es para nada un sistema que permita que absolutamente quien sea acuda a la universidad. Sí, la cultura del ahorro es distinta. Pero eso sólo refuerza un punto: que no sería necesaria ese enorme sacrificio si el Estado pudiese proveer todos esos servicios de manera universal.

Se abren entonces al menos dos discusiones que, acepto, soy incapaz de resolver. La primera tiene que ver con el financiamiento. Si los Estados están en crisis y deben ajustar sus presupuestos no podemos, dice el cuento, exigirles que mantengan sus "elevados" gastos en temas sociales cuando las finanzas están enfermas. Que el mercado regule cosas es ya terrible; que regule la educación o la salud es simplemente aberrante. Si el Estado no tiene dinero, entonces que reforme sus propios esquemas fiscales, que grave la especulación, los fondos pasivos de las empresas, la producción de capital, la actividad bursátil y crediticia, las grandes fortunas... vamos, ahí es donde está el dinero que el Estado no se atreve a cobrar. No es en el consumo o en la reducción del gasto donde se obtendrán tales ingresos. Pero eso lo digo desde la posición ideológica y admito que desconozco la viabilidad de que los Estados integrados al sistema internacional financiero-capitalista puedan actuar así.

La segunda discusión tiene que ver entonces con la pertinencia misma de seguir considerando a la unviersidad como el cénit de la vida. ¿Es eso cierto? ¿No existen acaso opciones distintas? Vamos, la gran preocupación es que un mundo meritocrático y mercantilizado las opciones no universitarias sean cada vez más alternativas depauperadas frente a las otras. Es decir, que el individuo no universitario no vea más que crecer la distancia que lo separa del universitario, tanto en términos de ingreso personal como de status social o de integración a ciertos círculos. Esas dicotomías intenta resolverlas el Estado de Bienestar. Lo que ese modelo no puede resolver es que de todos modos existan disparidades en acceso a la información y, por ende a los recursos políticos, cuando un individuo asistió a la universidad y el otro no. El argumento es algo así como: "pues no importa que el obrero, el empleado de un banco y el profesor emérito/periodista/comentarista ganen lo mismo si de todos modos los dos primeros estarán lejísimos de la verdadera participación política pues su status de no universitarios los repele automáticamente de los círculos más finos de la toma de decisiones". En efecto, el Estado de Bienestar europeo no supo acabar con ese dilema. Pero el socialismo sí puede hacerlo pues se trata de un modelo de integración total de los individuos a los medios productivos y, como resultado de la modificación de las relaciones sociales de producción, a las esferas colectivas de toma de decisiones y actividad política y democrática plena. El punto ahí es, un poco como escribió Marx en el Manifiesto, que el individuo puede, en una sociedad colectivista, dedicarse a varias actividades en distitnos momentos (y con distintos grados de especialización de su parte) según sus propias elecciones, decisiones que tienen que ver con la configuración de una sociedad plural y colectiva. Así, no importa que tú quieras ser carpintera o que tú quieras ser celador: si quieres ir a la universidad y estudiar física cuántica, historia del Peloponeso o biologia amazónica podrás hacerlo (y que nadie te pregunte "¿para qué sirve?", como si la educación fuera siempre utilitarista). Y si quieres hacer carpintería por las mañanas y dar una clase de biología amazónica por las tardes, sólo lograrás eso en un esquema de repartición colectiva de actividades no sólo según tus capacidades (claro que te preparaste muy bien para hacer ambas cosas de maravilla), sino según las necesidades objetivas (basadas siempre en la libertad individual y las obligaciones colectivas) de la comunidad. Pero insisto, también es un pie del que todavía cojeo.

Si negociamos, todos ganamos

O todos perdemos.

Lo más irónico de la democracia es que hay perdedores. Sí, ya lo sé, algunos de ustedes dirán que justamente eso es la democracia: la tiranía de las mayorías; el respeto a la voluntad del pueblo (de la mayoría de éste, claro); la posibilidad de elegir, ser elegido, opinar y actuar con respecto al poder (si uno tiene los medios) y que prevalezca la opinión de un grupo, de una mayoría o de un individuo sobre la de otros.
Lo cierto es que la democracia parte de una premisa falsa. Se entiende democracia como la no imposición, como la existencia de negociaciones que permiten que los actores políticos lleguen a acuerdos productivos. Si es así, entonces, ¿por qué no vemos en los gabinetes de los sistemas presidenciales a individuos que representen a los demás partidos políticos? ¿Por qué en los gobiernos parlamentarios las coaliciones se quiebran con tanta facilidad (Italia, entre 1945 y 2005 tuvo 47 gobiernos federales)? Evidentemente, estas cuestiones son muy generales y nada acertadas al momento de analizar caso por caso. Pero lo que subyace, en el fondo, es la idea de que se impone el partido político o el individuo que gana las elecciones. Esta victoria puede representar a la mayoría de la ciudadanía; puede representarla y además agregar en el gobierno a otras minorías derrotadas; puede, incluso, representar a una minoría y NO integrar en el gobierno a las fuerzas políticas relegadas; puede también representar a esta minoría pero bajo el acuerdo previo de que otros grupos políticos estarán dentro.

1 y 2) Hay elecciones y un partido político gana con más de 50% de los votos. No importa que se trate de un sistema presidencialista, semipresidencialista o parlamentario. El punto es que ese candidato o ese partido que recibió más de la mitad de los sufragios es, en principio, representante de la mayor parte de la ciudadanía. Sucedió con Barack Obama en noviembre pasado. Sucede en las segundas vueltas electorales de países como Francia, Ucrania, Brasil, Chile... Ha sucedido en otras ocasiones en parlamentarismos como el británico y el sueco. En países como EEUU, nada obliga al ganador a integrar en su gabinete a individuos del partido opositor. Para eso están los escaños del poder legislativo, para nivelar y controlar al poder ejecutivo. En países parlamentarios si un partido consigue más de la mitad de los votos (o, en forma más tangible, más de la mitad de los escaños parlamentarios) puede organizar el gobierno a su voluntad sin recurrir a los demás partidos políticos. Algunos hacen alianzas aunque no las necesiten con tal de legitimar todavía más su fuerza nacional (como en la India en algunas ocasiones). Pero lo anterior no implica que realmente se trate de gobiernos de unidad nacional. De hecho, debemos partir de la idea de que las democracias no forman, per se, gobiernos de unidad nacionales: no son capaces de unificar intereses políticos concretos de tal suerte que deje de haber diferencias entre partidos políticos y que puedan ponerse de acuerdo en relación a los temas relevantes de la política nacional. Si fuera así, entonces no hablaríamos de democracias, sino de autoritarismos. Y tampoco se trata de eso.
3 y 4) En los sistemas electorales parlamentarios, el partido que más votos gana pero que no alcanza la mayoría, debe, obligatoriamente, ligarse con otro partido y organizar un gobierno de coalición. Es el caso de la gran mayoría de parlamentos pluripartidistas (Países Bajos, Alemania, Bélgica, Israel, Líbano). En los presidencialismos que no incluyen segunda vuelta electoral (como el mexicano), no importa que haya 445 candidatos y que el primer lugar saque 1% de la votación: con tal de que sea el candidato con más votos a favor, gana las elecciones. Y no sólo es presidente, sino que tiene la prerrogativa de organizar un gabinete con toda su gente sin necesidad de recurrir a otros partidos políticos. La situación no es así de burda, pero piensen que si el chaparro "ganó" con 35% de los votos, significa que tiene 65% de votantes en la oposición que NO están representados en el poder ejecutivo. Y no sólo: 35% de los 42 millones de electores del 2 de julio implica que sólo 14.7 millones de mexicanos votó por él. Contando a los menores de edad, significa que sólo el 13.5% de la población eligió al presidente. Contando al padrón completo, sólo 20.5 % de éste votó por el enano. Conclusión, no hay gobierno de mayorías (y todavía hay gente que propone se eliminen los diputados plurinominales). La segunda vuelta electoral no resuelve de fondo el problema porque obliga a mucha gente a votar por uno de dos candidatos cuando al inicio había votado por otro candidato con el que sentía mayor afinidad (es como los comunistas franceses que acaban votando por la tibieza del PS). Pero en la forma sí se garantiza que el gobierno electo sea una representación mayor de la ciudadanía. Y, además, se puede pensar en reformas políticas que incluyan, en sistemas presidencialistas, a la oposición en el ejecutivo.



Como vimos, además de que la democracia no es gobierno de la mayoría o de la unanimidad, tampoco es gobierno del "pueblo". Esa expresión, comúnmente utilizada en el léxico revolucionario de izquierda, no tiene lugar en la democracia. El principio liberal-occidental de democracia no se entiende sin la preminencia de representantes, mediadores, individuos que toman para sí las responsabilidades políticas de la sociedad y las exponen en los foros políticos. Benjamin Constant, en 1823, escribía que esa era la nueva libertad de los modernos: es decir, que los ciudadanos pudieran ocuparse de cualquier otra cosa (trabajar, buscar desesperadamente algo de alimento, ligarse a una chica, echarse un oporto o irse de cacería) y no tener que estar todo el tiempo al tanto de la política. Esto por dos razones: La primera, porque la política pública al estilo ateniense demandaba cierta igualdad entre todos los participantes y para los griegos era muy fácil decir que ni esclavos ni mujeres eran iguales. En el siglo XIX (y hoy día) las desigualdades de fondo (aunque no las legales) son tales que, bajo ese argumento, no todo mundo participa en política porque no todos pueden. La segunda razón es que la política ahora es más compleja y se necesita de individuos que puedan conocerla a fondo para dedicarse a ella y tomar las decisiones pertinentes, y no que cualquier hijo de vecino se pronuncie sobre el futuro de los planes macroeconómicos de desarrollo. (Bajo la misma premisa, John S. Mill hablaba del voto censatario no como resultado de la propiedad que poseía un individuo, sino al grado de educación que tenía. Así, para votar uno tendría que hacer un examen y demostrar que es un ciudadano suficientemente preparado para votar).

En México he escuchado argumentos como el siguiente. "¿Porqué mi voto por el PRD, el voto de un estudiante universitario preparado y consciente, debe valer lo mismo que el voto de un pobre obrero tapatío que desde el púlpito fue arrastrado por un pinche cura a votar por el PAN?" Las variantes de tales argumentos son infinitas, pero es importante notar que hay un sentimiento compartido de que la democracia no debe funcionar como cosa de iguales. Uno puede discutir durante horas la importancia de que todos los ciudadanos voten en referendums y demás para tomar decisiones tales como la privatización de PEMEX, la nueva ley de extensión de dominio, las medidas para combatir al narco... Muchos coincidirán en que eso no es competencia del total de la ciudadanía sino de unos pocos que fueron elegidos por ésta y que hoy están en la cima del poder.
¿Es justo? ¿Es eficiente? Es imposible responder con sobriedad a ambas preguntas. No es justo porque entonces no es democrático, pero sí es justo para evitar que asesinos, criminales y narcos decidan qué hacer para combatir... al narco. Es eficiente en la medida en los políticos se toman en serio su trabajo de representantes y toman las decisiones que consideran pertinentes. No es eficiente cuado pensamos en el zoológico que es nuestro congreso y en la imbecilidad de nuestros políticos.

Bueno, quizá divagué más de lo que respondí al primer cuestionamiento. En el fondo, lo que quiero decir es que no debemos idealizar a la democracia contemporánea como el gobierno de las mayorías o como el gobierno del pueblo para el pueblo. Los liberales argumentan que las responsabilidades de la democracia terminan en el plano electoral y en la libertad de expresión, y que lo demás le toca resolverlo al mercado. Yo estoy profundamente en contra de eso: para mí la democracia es completamente inútil si no funciona como sistema político, social y económico que realmente destruya las desigualdades socioeconómicas y deje fuera de todo esto al maldito libre mercado. Evidentemente, la etrna pregunta es qué entendemos y qué esperamos de la democracia. La respuesta varía según cada individuo. Lo básico es que ningún sistema político actual que se diga democrático es un gobierno del total de la ciudadanía (y muchas veces no lo es siquiera de la mayoría). Esto es, hay una enorme contradicción entre el discurso democrático actual y su práctica. Esa contradicción se salva cuando la democracia cambia de significado.